«Han dilatado un año y medio un juicio para el que tienen pésimas pruebas, haciendo uso y abuso del sistema judicial con fines políticos», dice Nicolás Pavez, abogado de dos de los detenidos en la redada que Carabineros protagonizó en Plaza Dignidad en marzo de 2020.

El abogado Nicolás Pavez asumió la defensa judicial de dos de los detenidos en la publicitada redada que efectuó Carabineros el 3 de marzo en la calle Ramón Corvalán -en las cercanías de la Plaza Dignidad- cuando la institución policial afirmó haber conseguido detener a cerca de 60 supuestos «integrantes de la primera línea», luego de un «cambio en la estrategia» de la represión de las manifestaciones.

«Uno de ellos era menor de edad, por lo que consiguió una salida rápida de este proceso sin condena, sin embargo sigo en la representación del joven de 22 años Gabriel Astorga, el que irá a juicio penal en las próximas semanas por la querella iniciada por el Ministerio del Interior», dice Pavez.

Mañana 19 de agosto se realizará la audiencia de preparación del juicio oral que eventualmente tendrán que enfrentar más de 20 de los detenidos en esa ocasión. Número menor al de detenidos iniciales debido a que algunos imputados aceptaron salidas alternativas al juicio, además del término del proceso que experimentaron aquellos de los detenidos menores de 18 años.

INTERFERENCIA conversó con este abogado quien lleva la defensa en uno de los únicos procedimientos judiciales que se sustenta únicamente en el artículo que resultó de la denominada ley antibarricadas, la que fue aprobada por gran parte del establishment político, incluyendo sectores de la izquierda como el Frente Amplio.

Pavez acusa que se trata de un proceso que ha perseguido a los manifestantes, y que se ha extendido por más de un año a pesar de la mala calidad de las pruebas que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio Público han podido presentar en la causa, lo cual ha significado enormes gastos para el Estado y medidas extremas como la prisión preventiva.

– ¿En qué consiste el caso que está llevando adelante?

– Estoy en la defensa de Gabriel Astorga, un joven trabajador de 22 años de mucho esfuerzo. Él fue a protestar cerca de Plaza Italia ese día [el 3 de marzo] y al igual que muchos de los protestantes estaba parado en medio de la calle, y resulta que eso con la ley antibarricadas es un delito. Y bueno, además de eso se aplica la ley de seguridad interior del Estado, además de agravantes como el tumulto y la agitación pública.

Si sumas estas cosas, estamos en esto que es francamente una locura. Para nosotros los abogados que ejercemos en materias penales, es bien inexplicable que tengamos un caso que se está tramitando más de un año, cuya pena probable no es privativa de libertad, considerando que además muchos de estos jóvenes estuvieron en prisión preventiva. Gabriel estuvo casi un mes y luego con arresto domiciliario varios meses.

Más allá de que yo creo que mi defendido es inocente y que vamos a ganar el caso, creo que el caso en sí es una verdadera locura, y seguramente el Ministerio del Interior va a tener que dar explicaciones en algún momento por hacer uso y abuso de recursos públicos para un caso que nunca tuvo ningún futuro.

No han presentado ninguna prueba que pueda sindicar a estos jóvenes como autores de lo que se les acusa. Esto no es molotov, no es incendio, no es saqueo, esto es una protesta. No quiero entrar mucho en el tema político en este caso, pero este caso realmente es la criminalización de la protesta.

– Entonces la diferencia de este caso, es que al contrario de muchos otros, no tiene que ver con porte de armas [por uso de bombas molotov] u otras figuras más tradicionales…

– Para nada. Esto tiene que ver netamente con esta reforma nueva que se hizo ]la denominada ley antibarricadas] y que se contempla para personas que interrumpen el tránsito y hagan desorden. Es el artículo 268 septies del Código Penal, que fue aprobado hace poco en enero del 2020, después del estallido. Ahí dice que el que sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

Esa pena menor en su grado mínimo significa de 61 días a 540. Eso quiere decir que aún en el peor de los casos de que estos jóvenes hubiesen sido culpables, que yo creo que no lo son, qué sentido tiene someter a todo el sistema procesal penal, considerando trabajo y plata en fiscales, abogados, Ministerio del Interior, jueces, la defensoría penal pública; ¿todo esto para una pena probable de apenas 61 días?

Ahí es donde uno se pregunta por lo absurdo de este caso, porque lo más probable es que vamos a llegar a juicio oral, en el que tengamos más de 50 testigos, con horas de grabación de Carabineros de Chile, de drones, ¿para qué? Yo pienso que todos van a quedar absueltos porque la prueba de ellos es de muy mala calidad, pero aún en el evento que alguien fuera declarado culpable sería por una pena de 61 días. ¿Qué significa eso en la práctica? Que esa persona con suerte va a quedar con una firma o condenado a diez horas de trabajo comunitario.

A mi me parece que este es un caso bien llamativo de abuso de la institucionalidad procesal, y lo digo responsablemente.

– Usted ha tenido las pruebas de la Fiscalía a la vista. ¿Son de mala calidad?

– Si, claro. Si revisaras todas las cámaras Go Pro de Carabineros, el 90% de estas grabaciones corresponden a cuando los sujetos son detenidos y conducidos a los carros policiales. Yo no vi una sola grabación donde apareciera una persona cometiendo un delito. En las fotos que presentaron, tampoco se ve a ninguna persona cometiendo un ilícito.

Además de eso, si uno revisa las cámaras de los drones, efectivamente verás desórdenes públicos en la vía pública, pero no puede bastar con esas imágenes para que vayas y detengas a cualquier persona y decidas que cualquiera de esas personas -que son cientos- corresponden a personas identificables. Entonces me parece delicado que se haga una imputación, con personas en prisión preventiva, con arresto domiciliario, con toda la estigmatización que significó, como pérdida de estudios y trabajo; y todo esto sin prueba.

Obviamente hay testimonios como de cincuenta funcionarios policiales que actúan como testigos. La única prueba que habrá es un Carabinero que va a decir «yo detuve a tal persona». Pero no hay nada más. Porque las imágenes no muestran más. Porque los drones no muestran más. Entonces me parece que no hay prueba suficiente para que estemos en este juicio.

Y te agrego algo más que me llama mucho la atención. Cuando ves la prueba que acompaña el Ministerio del Interior, me parece que francamente es vergonzosa, porque lo que usan son recortes de prensa. Perdón pero qué sentido tiene que se aporte como prueba un recorte de prensa donde dice «la marcha del millón de personas». O muestren una foto de otro delito, como un incendio en una iglesia o una protesta en otra ciudad. Me parece que lo único que hace eso es demostrar por parte del Ministerio del Interior lo político que es todo este procedimiento.

Porque los abogados que están litigando esta causa por parte del gobierno al presentar esa prueba, es demostrarnos que pretenden con este caso politizarlo y de alguna manera nos dan la razón de que aquí no estamos frente a la persecución del artículo 286. Porque ahí te vuelvo a preguntar, qué sentido tiene que acompañes fotografía de protestas de otros días y fechas. Raya en lo absurdo. Incluso de recortes de prensa de protestas posteriores al día en que fue detenido mi defendido, cuando él estaba en prisión preventiva.

– ¿En el caso de tu defendido, cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva?

– Cerca de un mes, pero si no nos movíamos podría haber estado fácilmente muchos meses como muchos otros jóvenes. Claramente hay un abuso del Ministerio del Interior en el uso del aparato judicial, pero también del Ministerio Público. Yo creo que en esos días se tomó una decisión política, Yo creo que este caso es una demostración de cómo en el estallido social se abusó de la institucionalidad y trajo como consecuencia que jóvenes terminaran en prisión preventiva.

Hay otros casos que son más discutibles, que están más en los límites, pero en este caso en particular, ¿qué sentido puede tener la persecución penal respecto de personas cuyo único actuar fue, eventualmente, haber participado de una protesta? Ellos responderán que lo hicieron en términos delictuales conforme a este artículo, y uno tendría que retrucar diciendo que no hay pruebas de eso. Que lo único que se podría probar es que un grupo indeterminado de personas se tomaron una calle, pero eso no es suficiente para tener a alguien en prisión preventiva y lo tengas durante un año y medio sometido a un proceso

Hay que preguntarse si esta es la manera correcta de ejercer la judicatura. En lo personal creo que el sistema, el Ministerio del Interior, Fiscalía, la judicatura, el sistema completo, cooperó de una manera bien irracional. Porque yo llevo más de diez años en esto, y este delito en cualquier otro tipo de situación hubiera significado que la persona saliera libre de inmediato.

En un contexto normal, sin la ley antibarricadas, jamás habríamos llegado a esto. Aquí hay claramente un abuso del sistema, no quiero entrar en la dimensión más política de todo esto, pero si revisas el caso a caso, eso te demostrará que aquí se abusó del sistema procesal penal.

– ¿Cómo se entiende que Ministerio Público e Interior persistan en esto considerando que no tienen buenas pruebas?

– Es que es lo que te decía antes. Ahora bien, el Ministerio Público nos hizo una oferta en la que si Gabriel se declaraba culpable, solo cumpliría una pena de 161 días. Nuestro cliente no aceptó la oferta para demostrar su inocencia. Y en eso quiero poner énfasis, porque creo que en estos casos hay muchos jóvenes que decidieron ir a juicio, lo que pienso que habla de una generación de jóvenes bien valientes.

Porque aún cuando les ofrecieron salidas alternativas, prácticamente sin ningún costo, ellos decidieron ir a juicio arriesgando penas mucho más altas porque quieren demostrar su inocencia. Probablemente las generaciones mayores aceptarían el trato que se les ofrece. Si el Ministerio Público te dice: «te ofrezco 100 días si te declaras culpable, de lo contrario vamos a juicio, pero puedes quedar preso», usualmente siempre se acepta.

El sistema está diseñado para que siempre tomes el dulce y aceptes la oferta, y eso habla de una generación bien valiente y que está convencida de su inocencia.

El Ministerio del Interior y el Ministerio Público harán frente a un juicio que probablemente dure un mes, cuyas penas probables son muy bajas, y que además estoy convencido de que lo van a perder. Van a tener que dar explicaciones una vez más de cómo utilizaron todo el aparato público para hacer un juicio que van a perder y que tiene que haber costado muchísimos recursos públicos.

El tiempo nos dará la razón y quedará demostrado el abuso que hubo en el estallido social de las instituciones que administran justicia en este país.

– ¿Este es el primer juicio por ley antibarricadas, o hubo otros antes?

– No tengo antecedentes de otros juicios solo por esta ley nueva. Si de saqueos, de armas, de molotov, pero como ley antibarricadas no conozco otro. Con seguridad este es el más bullado de estos casos porque ocurrió en Plaza Dignidad y tuvo mucha prensa en la que Carabineros lo presentó como un gran logro, que si ves los videos que se presentan como prueba, en realidad detuvieron lo que encontraron.

Y en esos videos es donde es imposible identificar que alguna persona que incurrió en una conducta imputable corresponda a mi cliente. Y no es solo Gabriel, sino que todos los demás. ¿Cómo los identificas? ¿Con drones? Si los revisas no vas a encontrar nada que entregue certeza, y aún así alargaron todo este procedimiento por un año y medio con graves consecuencias para estas personas